La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado, donde informó sobre las líneas fundamentales de su Departamento para esta legislatura, que se llevará a cabo una reforma destinada a dificultar el despido, con el fin de que no resulte «rentable» para las empresas. Además, se buscará que la indemnización por despido injustificado repare de manera adecuada el daño causado al trabajador, considerando sus circunstancias personales.
Díaz señaló la necesidad de adaptar la regulación española sobre el despido a las disposiciones de la Carta Social Europea y a la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales, que emitirá su resolución sobre la denuncia presentada por UGT respecto al coste del despido en España en julio próximo.
La vicepresidenta subrayó que el debate no se centra en si la indemnización por despido improcedente debe ser de 45 o 33 días por año trabajado, sino en que el diseño del despido en España no cumple con la normativa europea.
«Uno de los problemas de la legislación española es que el despido no tiene un carácter disuasorio ni compensatorio, entre otras razones porque contar con una indemnización preestablecida no se ajusta al Derecho. No se trata de si son 33, 40 o 45 días, sino que el sentido de la indemnización según la lógica europea es diferente», precisó.
Propuesta
Para adecuar la normativa a las disposiciones comunitarias, Díaz propuso la implementación de un mecanismo que ajuste la indemnización por despido improcedente a las circunstancias personales del trabajador de manera individualizada, lo cual se incorporaría a la jurisprudencia social.
Además, se buscará fortalecer las causas del despido objetivo, que permite a las empresas despedir por motivos económicos, técnicos, organizativos y de producción con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado.
Díaz destacó la necesidad de reforzar las causas económicas del despido objetivo, permitiendo el despido cuando una empresa no alcance los niveles de beneficios previstos, no solo en casos de pérdidas.
Por otra parte, se pretende que el costo del despido sea «verdaderamente disuasorio», con el objetivo de desincentivar a las empresas de realizar despidos injustificados. Se mencionó que algunas grandes empresas incluyen en sus planes económicos el costo de los despidos.
La ministra también destacó que gracias a la reforma laboral, las empresas disponen de mecanismos como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para afrontar situaciones económicas difíciles sin recurrir al despido.
Finalmente, se informó que el Ministerio ha llegado a un acuerdo con el Cermi para eliminar el despido automático de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente.
